Este primer paso demuestra los frutos de un sistema empobrecido y una ciudadanía empoderada. A la destitución de Martín Vizcarra, expresidente de Perú, le sucedió la llegada al poder de dos mandatarios más, logrando establecer un nuevo récord para el país: 3 Presidentes en una sola semana. En el medio, la población no se quedó callada y tomó las calles para demostrar su descontento, transformándose en víctima de la represión policial, lo que profundizó su capacidad de organización y protesta. Cabe ahora preguntarse, ¿qué fue lo que desencadenó esta serie de sucesos? En el mes de septiembre el ex Jefe del Ejecutivo, Martín Vizcarra, había tenido que enfrentar la búsqueda por parte del Congreso de la República de lograr la llamada “vacancia presidencial”. Sin embargo, en aquella oportunidad la medida – impulsada por 6 de las 9 fuerzas políticas del Legislativo – fue rechazada por 78 congresistas, mientras que 32 se abstuvieron, por lo que el voto positivo de 32 de ellos no fue suficiente. A Vizcarra se lo acusa de haber aceptado sobornos ofrecidos por el Club de la construcción entre 2013 y 2014, cuando se desempeñaba como Presidente Regional de Moquegua (uno de los 24 departamentos de la República). Aquel “club” se trata de un cártel de empresas constructoras tanto nacionales como extranjeras que trabajaban por la obtención de licitaciones públicas de grandes infraestructuras. De este modo, Vizcarra – que niega toda acusación – habría recibido más de 600mil dólares. La investigación aún era prematura, pero la destitución fue efectuada de todos modos luego de que se conocieran unas grabaciones en las que el Presidente, un asesor y su Secretaria General de la Presidencia acordaran qué declarar acerca de Richard Cisneros, un cantante acusado de recibir 9 contratos estatales durante la presidencia de Vizcarra. De todos modos, ese primer intento perdió apoyo luego de que el Presidente del Congreso, Manuel Merino, reconociera haber llamado a jefes militares para que actuaran en contra de Vizcarra. Ello no es un dato menor, considerando que Perú, como el resto de América Latina, sufrió a lo largo de su historia, pero principalmente durante el siglo XX, continuos golpes de Estado, influenciados primordialmente por las cúpulas militares. Sin embargo, el 9 de noviembre se emprendió una segunda vacante presidencial, siendo esta vez exitosa, con el apoyo de 105 parlamentarios. Ahora bien, no se puede ignorar que esta realidad no se trata de un mero hecho aislado y coyuntural. Muy por el contrario, la crisis que hoy azota a Perú se viene gestando desde hace años, enraizándose hasta tornarse parte de la misma estructura y cultura política. En realidad, Perú es el país de Latinoamérica con más expresidentes presos. Además, una gran parte de los miembros del Congreso se encuentran bajo investigación. Entre los ex mandatarios se encuentran Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y corrupción; Alejandro Toledo (2001-2006) fue arrestado en Estados Unidos por cargos de corrupción; Alan García (2006-2011) fue acusado de soborno, quitándose la vida en abril de 2019 cuando iba a ser arrestado; Ollanta Humala (2011-2016) goza de libertad condicional luego de habérselo acusado por lavado de activos; por último se encuentra Pedro Pablo Kuczynski, quien fue electo Presidente en 2016, pero que fue destituido en 2018, estando actualmente en arresto domiciliario por lavado de activos relacionados con la constructora Odebrecht, fue este el motivo que llevó al entonces Vicepresidente Martín Vizcarra a la presidencia. Vizcarra gozaba de altos índices de aprobación a pesar de no haber sido electo por mandato popular, algo que se debe, principalmente, a la lucha contra la corrupción que se encargó de encarnar. No obstante, tal realidad no se reflejaba al interior de los órganos de gobierno, donde el apoyo legislativo era realmente escaso dado que en las elecciones del 2016 la fuerza fujimorista (Fuerza Popular) había logrado consagrarse como mayoría. Desde ese entonces, la relación Ejecutivo-Legislativo se caracterizó por su conflictividad. Eso fue lo que motivó a la disolución del Congreso en septiembre de 2019, luego de que el Presidente planteara – por tercera vez en el año – una cuestión de confianza en el Congreso. Dado que los congresistas decidieron tratar primero el nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional y luego pasar a discutir la cuestión de confianza, Vizcarra entendió que eso bastaba para tomarla como negada, y procedió a disolver el Parlamento, convocando a elecciones extraordinarias en enero del 2020. Ello no mejoró la situación ya que si bien el fujimorismo perdió presencia en las bancas, el Legislativo queda altamente fragmentado, recibiendo ahora 9 partidos distintos (inclinados mayormente a la derecha) y 4 diputados independientes, manteniéndose fuerte la oposición al Presidente. A esto debemos sumarle cuestiones institucionales que debilitan la estabilidad del régimen político. Básicamente, poner en marcha la destitución de un Presidente es relativamente sencillo en Perú, que a pesar de ser presidencialista, su Poder Legislativo cuenta con bastante poder de control sobre el Ejecutivo. Así, se requiere que tan solo un 20% de los congresistas (26 de los 130) solicite la vacancia, con el apoyo del 40% se admite y con el voto afirmativo del 66% se logra la aprobación. Por otro lado, suelen ser debates muy rápidos, que se extienden tan sólo durante unas horas. Todo ello se ve aún más facilitado al tener en cuenta que el Congreso es unicameral, por lo que no existe una segunda instancia legislativa que pueda entorpecer la decisión tomada. Adicionalmente, el motivo señalado para la destitución ha sido el de “incapacidad moral”, figura que data desde la Constitución de 1839 y se ha mantenido en las consecuentes reformas. El problema aquí se encuentra en la amplitud y ambigüedad residente en tal término, que puede incluir desde enfermedad, muerte o falta de autoridad moral para ejercer el cargo. Es así que, una vez que Vizcarra abandona el cargo, este es asumido por Manuel Merino (Acción Popular), lo que le corresponde por ser Presidente del Congreso y no existir un Vicepresidente en vigencia. Sin embargo, menos de una semana después debe renunciar, llamando a la paz y a la unidad, ya que varios líderes políticos exigieron su dimisión y otros tantos Ministros renunciaron. Pero por sobre todo, un factor clave que explica su retiro proviene de la presión que emerge desde las calles por considerar que el nuevo mandatario no les representa constitucionalmente. Esa presión se intentó apaciguar y troncar por medio de la represión policial. Por supuesto nada bueno sale de ello, ya que el pueblo peruano, además de las heridas producidas por un sistema corrupto y completamente ajeno al bienestar general, ahora debe lamentar dos víctimas fatales: Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22), cuyas autopsias demuestran que ambos recibieron el impacto de armas de fuego. A ello se suman más de 100 heridos y, también, la denuncia de varios desaparecidos. El hartazgo social, que viene acumulándose desde hace décadas, llevó a que los ciudadanos se organizaran por medio de las redes sociales, llamándose a hacer uso del espacio público y de sus voces. Claramente Vizcarra tenía una alta aceptación social, pero las debilidades institucionales, el avance de la corrupción, la crisis de representatividad que viene desarrollándose desde la década del ’80, la alta fragmentación partidaria (actualmente existen más de 24 partidos registrados) y los efectos económicos y sanitarios que lo condenan como el país con peor desempeño de la región, son todas variables que pesan en la accountability ciudadana. Llegamos así al 16 de noviembre, día en el que el Congreso nombra como nuevo Presidente de la República a Francisco Sagasti. Este proviene del Partido Morado y fue mejor recibido debido a que se le considera como una figura más neutral, quien también – como portavoz de su partido – se opuso a ambas mociones de censura efectuadas a Vizcarra. Aun así, no debemos perder de vista la mirada escéptica de los peruanos y peruanas, dispuestos a protestar ante cualquier nueva violación a sus derechos y bienestar. Ante esto, Sagasti tiene la responsabilidad de asegurarle a la población un período de estabilidad y transparencia hasta abril del año entrante, momento en el que deben llevarse a cabo elecciones presidenciales. Este período de renovación pareciera ya haber iniciado, puesto que el 10 de diciembre se aprobó con 103 votos la reforma del artículo 93 de la Constitución, dejando atrás el mandato imperativo y la interpelación a la que estaban sujetos los congresistas, lo que les aseguraba impunidad. Así, cualquier proceso por delito común que se abra en su contra deberá ser llevado adelante por el Tribunal Supremo. A pesar de que resta que la modificación sea ratificada en la siguiente legislatura con un respaldo de al menos 87 parlamentarios, este primer paso demuestra los frutos de un sistema empobrecido y una ciudadanía empoderada. Redactado por Dolores Domínguez. BIBLIOGRAFÍA
https://elpais.com/internacional/2020-09-14/la-propuesta-para-destituir-al-presidente-de-peru-pierde-fuerza.html https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54896219 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54960439 https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/11/10/el-congreso-de-peru-aprobo-la-destitucion-del-presidente-martin-vizcarra/ https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/12/11/el-congreso-de-peru-aprobo-una-reforma-de-la-constitucion-que-elimina-la-inmunidad-parlamentaria/ https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf https://www.rionegro.com.ar/el-presidente-de-peru-podria-caer-por-el-contrato-de-un-cantante-1496892/ https://www.youtube.com/watch?v=g3bC_kQ-VgM&ab_channel=MemoriasdePez https://www.youtube.com/watch?v=IAJXM0bQxoE&ab_channel=BBCNewsMundo https://www.youtube.com/watch?v=VFrHtlGxxqM&ab_channel=TodoNoticias
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